sábado, 9 de mayo de 2009

ley de radiodifusion

LEY DE RADIODIFUSION YA!La Coalición entiende que ya es tiempo de tener una Ley de Radiodifusión de la Democracia.No existen razones para demorar un día más el tratamiento parlamentario de una Ley que clausure el proceso abierto durante la última dictadura militar en el área de comunicación, profundizado durante los gobiernos de los 90 que facilitaron la concentración y transnacionalización de los Medios.No es verdad lo que dicen algunos sectores políticos y amplifican los grupos mediáticos concentrados que este no es el tiempo de tratar una nuevaLey de Radiodifusión. Hace 25 años que se posterga el tema.Tampoco es cierto que falte debate. La Coalición demuestra con su tarea diaria que la Comunidad toda está abierta a resolver esta problemática: miles de encuentros, foros y debates a lo largo y ancho del país confirman nuestra demanda. Por otra parte hay 25 años de debate en el Congreso con decenas de proyectos presentados. En estos meses varias legislaturas provinciales y Concejos Deliberantes han adherido a los 21 puntos. La propia Cámara de Diputados aprobó una Declaración adhiriendo por amplia mayoría a la propuesta de la Coalición por una Radiodifusión Democrática
LA COALICION POR UNA RADIODIFUSION DEMOCRÁTICA CONTINÚA LA CAMPAÑA POR UNA NUEVA LEY DE RADIODIFUSIÓNEN LA REUNION DEL VIERNES 1° DE AGOSTO de 2008, SE RESOLVIÓ1. Difundir ampliamente la Carta de la Coalición a la Presidenta, cuyo texto encontrarán en este sitio.2. Realizar una campaña de firma de "Compromisos públicos" de Diputados y Senadores Nacionales, cuyo formulario se encuentra en este mismo sitio.3. Continuar la campaña para lograr Declaraciones, Resoluciones ó Comunicaciones de adhesión a los 21 puntos de la Coalición por parte de Legislaturas Provinciales y Municipales, detalle presente en este sitio.4. Las entidades integrantes continuarán la realización de debates, actos, seminarios, foros y toda forma de debate y difusión de los 21 puntos propuestos para una radiodifusión democrática, a lo largo del país. Consultar el listado de actividades en este mismo sitio. 5. Realizar un programa en Red Nacional el 27 de agosto

viernes, 8 de mayo de 2009

El Gobierno, los medios y la ley de radiodifusión


En medio de la embestida del Gobierno que impulsa una nueva ley de radiodifusión contra el Grupo Clarín, la Corte Suprema y la Procuración General estudian una causa promovida por Artear contra un decreto de necesidad y urgencia que dictó Eduardo Duhalde. Los presidentes, cuando ven aproximarse el fin de su mandato, pretenden escribir un nuevo capítulo sobre esa materia, prestando más atención al rédito político que puedan obtener que a las peculiaridades de un asunto tan sensible. Algo de eso le ocurrió a Duhalde, que en mayo de 2003, a seis días de entregar el bastón de mando a Kirchner, dictó el DNU 1214/03, que modificó la ley de radiodifusión 22.285 y autorizó a las provincias a explotar un canal abierto de televisión y una señal de AM y, a los municipios, una FM. Hasta ese momento, el artículo 11° de la ley sólo permitía a las provincias y municipalidades prestar esos servicios cuando no había prestadores privados. Está claro que, con esta autorización, las provincias pretendieron absorber parte de la torta publicitaria y competir en forma desleal con los canales privados, pues los canales y radios públicas no pagan los mismos cánones de licencia que los canales y radios privados. Artear, con la adhesión de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas ATA, que agrupa a 22 canales privados? demandaron al Estado con un argumento constitucional sólido: un DNU, para ser válido, debe ser aprobado por el Congreso. Y aquí, el Senado nunca convalidó.

En este caso entran en juego varios aspectos importantes de nuestras instituciones. Aparece puesta en tela de juicio la transparencia de las comunicaciones y se advierte el manoseo del poder político sobre el sector privado. La decisión del gobierno de Cristina Kirchner de lanzar un proyecto de reforma de la ley no sólo busca instalar ese asunto en plena campaña electoral, sino que bastardea uno de los temas más delicados de la democracia: la necesidad vital que tiene el sistema de contar con medios libres, fuertes e independientes. Mientras los avances tecnológicos y un profundo cambio en las pautas publicitarias ponen en riesgo el modelo de medios que se conoce hoy en día, con el consiguiente impacto para la democracia, el Gobierno, en lugar de fortalecer a los medios, busca resquebrajarlos.
Pero, curiosamente, la aludida causa también apunta a otra espada del poder político: los DNU. En julio de 2006, a instancias del entonces presidente Néstor Kirchner y en medio de fuertes críticas, el Congreso aprobó la ley 26.122, que reglamentó en forma amañada la atribución presidencial de dictar esos decretos. La ley no parece constitucional y mucho menos lo es dicho decreto, pero la interpretación que haga la Corte puede ser importante para diseñar el futuro del presidencialismo.
La Nación.com